Historia

En las Islas Canarias ha existido históricamente un sistema de imposición tributaria y arancelaria diferenciada con respecto al resto del territorio nacional, presidido por los principios de libertad comercial y fiscal, que tuvo como consecuencia la creación de los Puertos Francos en 1852. Tales principios inspiradores actúan de manera que el comercio internacional y el libre intercambio de bienes y mercancías en Canarias va a constituir uno de los pilares fundamentales de crecimiento económico de las islas.

Una situación que desde entonces se mantendrá de forma casi inmutable hasta prácticamente el último tercio del siglo XX, cuando en 1972 la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias recoge estas características económicas y fiscales específicas. Sin embargo, será la incorporación de España a la Unión Europea en 1986, y por lo tanto la integración de Canarias dentro del espacio aduanero comunitario, el aspecto que definitivamente alterará sustancialmente la situación vivida hasta entonces, debiendo adaptar dicho estatus privilegiado a la normativa comunitaria europea.

Perdida su condición de puerto franco, surge la necesidad de establecer medidas que permitieran equilibrar y recuperar, al menos en parte, esta libertad comercial y fiscal que históricamente había venido disfrutando Canarias.

Una de estas medidas es una Zona Franca, y es en este contexto donde debemos situar la creación de la Zona Franca de Tenerife en el año 2006, fecha en la cual el Ministerio de Economía y Hacienda, mediante la Orden EHA/93/2006, autorizó la creación de la Zona Franca de Control Tipo II en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.